Sus abogados no atendieron el requerimiento judicial

Ciudad de México.- La audiencia en la que se ventilarían las acusaciones de Florian Tudor, líder de la mafia rumana, en contra del ex delegado en Quintana Roo de la desaparecida Procuraduría General de la República, Javier Ocampo García, por supuestos abusos cometidos durante el cateo a dos de sus propiedades en 2019 fue cancelada el día de hoy.

Durante el cateo, resultado de sendas investigaciones de la PGR y la Sedena, se decomisaron cerca de 500 mil pesos en efectivo, dos armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un vehículo propiedad de una agencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, con placas de Quintana Roo, de la marca Cadillac y se arrestó a Florian Tudor y a su socio Cosmin Adrian Nicolae.

Por lo anterior dio inició la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000261/2019.

Sin embargo, el rumano fue puesto en libertad horas después, por errores procesales, dijo el juez, y Florian procedió a demandar al ex funcionario policiaco acusándolo de haber cometido diversos delitos, entre ellos el de abuso policiaco y de haberle robado varios millones de pesos.

Empero, los inmuebles terminaron siendo confiscados y se le congelaron 79 cuentas bancarias, una de las cuales resultó ser del secretario estatal del PVEM, José de la Peña Ruiz Chávez, que fue destituido de su cargo.

No obstante, Florian Tudor logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitiera a trámite la solicitud para revisar el amparo que promovió en contra del aseguramiento de sus propiedades, al tiempo que quedó en pie la demanda en contra del ex delegado.

Posteriormente, Javier Ocampo, ya en su calidad de ex delegado, reveló que funcionarios estatales de Quintana Roo protegieron a Florian Tudor “y de ello tienen información la DEA y el FBI, que colaboraron de manera conjunta con las investigaciones”.

El día de hoy, se llevaría a cabo el desahogo de las pruebas de una y otra parte, pero en el caso de Florian Tudor, pese a que los abogados recibieron en tiempo y forma el requerimiento judicial para el desarrollo de la diligencia judicial no atendieron el llamado por lo que se determinó la cancelación de la audiencia sin que se fijará un nuevo plazo.

HISTORIAL

ANTECEDENTES

Florian Tudor, el líder de la mafia rumana, fue un remero que compitió en el Ocho masculino en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, un deportista destacado que con el paso de los años decidió dejar lo sano para convertirse en delincuente.

Nació en Braila, Rumanía, el 23 de mayo de 1973 (tiene 48 años) y vivió en Italia, donde fue detenido por el robo de varios camiones de carga. La operación criminal le permitió recaudar una robusta fortuna que le ayudó a hacerse pasar por un empresario inmobiliario afincado en Cancún.

Su fortuna la logró de la mano de Adrián Constantin Tiugan, que llegó a México con documentación falsa, lo que le permitió crear una inmobiliaria. Con esa empresa construyó varias propiedades de lujo en Cancún y sus negocios se expandieron a otros sectores.

INVESTIGACIONES

El FBI seguía los pasos de Tudor por su presunta participación en una red que había saqueado fondos de cajeros automáticos en Nueva York.

Como se recordará la investigación sobre el grupo criminal liderado por rumanos radicados en México, organización dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y la extorsión a comerciantes, documentado hace más de un año por Sol Quintana Roo, ha revelado detalles sobre el modus operandi del grupo, lo que incluye una red de alianzas políticas.

Con su compañía Top Life Servicios instaló cajeros Instacash en localidades turísticas de Quintana Roo, Puerto Vallarta, Jalisco, Sayulita, Nayarit y Cabo San Lucas, Baja California Sur. Con sus propias casas de cambio, la red criminal que construyó lavaba el dinero extraído de las cuentas de los turistas defraudados.

En febrero pasado, una investigación conjunta del FBI y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México permitió congelar cuentas sospechosas de pertenecer a rumanos.

Según la UIF, las sustanciales ganancias de la organización en todo México incluyen operaciones por 23 millones de dólares dentro del país, transferencias internacionales por valor de 24 millones de dólares y cheques y transferencias interbancarias por el colosal valor de 231 millones de dólares.

En total, la denominada “banda de la Riviera Maya” ha robado unos 1 mil 200 millones de dólares en los últimos cinco años.

NEXOS

Los tentáculos de la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) establecieron una conexión Cancún-Rumanía en materia de tráfico ilícito de sustancias y trata de personas con fines de explotación sexual, luego de la detención en Miami, Florida, del socio del exgobernador Félix González Canto y ex funcionario municipal de Benito Juárez, Pablo Mauricio Amezcua Dorador en compañía del empresario Guillermo Barrera Lara.

La detención ocurrió por elementos de la DEA cuando ambos aterrizaron a bordo de un vuelo privado proveniente de Panamá con miles de dólares y una cantidad considerable de heroína.

Según el informe de Inteligencia, la mafia rumana se alió con varios políticos pertenecientes al PVEM, PRI, PRD, PT y Morena para financiar sus campañas a cambio de proteger sus actividades ilícitas una vez estando en puestos gubernamentales.

Las investigación realizadas en conjunto con el FBI puso al descubierto que los ex gobernadores Félix González Canto, Roberto Borge Angulo y la Fiscalía de Quintana Roo, presuntamente protegieron y colaboraron con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, “El Tiburón”.

También, Jesús Aíza Kaluf, “El Sirio”, quien fue subdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz y secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez, en 2014.

Aunque René Bejarano se encuentra entre la lista de los políticos que ayudaban a operar al grupo delictivo, el titular de la UIF, Santiago Nieto, negó que sus cuentas bancarias fueran congeladas.

Los otros involucrados son Remberto Estrada Barba, ex presidente municipal de Benito Juárez y diputado federal de Quintana Roo de 2015 a 2018, el morenista José Luis Jonathan Mendoza, aspirante a diputado local, su pareja sentimental, Silvia González Franco, ex funcionaria de la PGR; y su padre, José Luis Yong Cruz, acusados de relacionarse con el tráfico de indocumentados cubanos.

Asimismo, está José de la Peña Ruiz de Chávez, actual diputado local señalado por tráfico de influencias, corrupción e ineficiencia; relacionado también con los exgobernadores González Canto y Borge Angulo.

LA PROTECCIÓN A TUDOR

El grupo de Tudor tiene la protección de funcionarios estatales de Quintana Roo, aseguró en entrevista el ex delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en aquella entidad, Javier Ocampo García, quien en coordinación con otras instancias del gobierno federal y del FBI encabezó en 2019 una investigación sobre las presuntas operaciones ilícitas de la banda de rumanos.

-En el transcurso de la investigación en la que usted participó ¿Tuvo indicios o evidencias de que había protección de algún nivel de autoridad hacia este grupo?- se le preguntó.

-Sí. Hay los suficientes elementos e indicios. Incluso, yo los podría declarar ante una institución de investigación formal -respondió.

-¿De qué nivel de gobierno estamos hablando? ¿Del ahora, del pasado?

-Del tiempo que me tocó vivir, el que me consta, es el actual, en el estado de Quintana Roo.

Mencionó que la protección al grupo de Tudor no sólo se da en Quintana Roo, sino también en otros estados.

VÍNCULO CON “LOS PIRATAS DE BORGE”

Luis Gabriel Palacios Velasco, que certificó en 2013 la constitución de Top Life Servicios, la principal empresa fachada de la banda rumana, también fue involucrado por supuestamente ayudar a uno de los “piratas” de Borge, un magistrado de Quintana Roo, a apropiarse de propiedades en Cancún y subastarlas a empresas fantasma sin el conocimiento de sus dueños.

En 2015, Palacios aprobó la creación de Investcun, que fue usada por la organización para blanquear los beneficios obtenidos con la estafa del skimming de cajeros mediante la compra de propiedades en Cancún.

Identidad falsa que presentó Adrián Constantin Tiugan para constituir Top Life Servicios ante el notario Luis Gabriel Palacios Velasco, involucrado en el caso de corrupción de “Los Piratas de Borge”.

VÍNCULO CON LOS ‘MOCHES’ DEL PAN

La trama alrededor de la agencia cambiaria de Tudor también incluye a dos personajes que trabajaban para una empresa involucrada en el esquema de “moches” o sobornos en el PAN.

El 26 de enero de 2018, tres meses y medio antes de que Tudor transfiriera sus acciones en Brazil Money Exchange a Fabricio Ledesma, una hermana de éste, de nombre Katia Isadora Ledesma Heinrich, había creado en Cancún la empresa Master Exchange Centro Cambiario.

Katia Isadora Ledesma está asociada en Master Exchange con Gabino Jiménez Vázquez, un empresario originario de la Ciudad de México, pero residente en Playa del Carmen, y con Alejandro Carapia Toledo, un abogado originario de Mérida.

Tanto Gabino Jiménez como Alejandro Carapia habían trabajado como directivos de Golfmex Development, una empresa involucrada en el presunto cobro de sobornos para financiar en 2011 la precampaña electoral a la Presidencia de México de Ernesto Cordero, en ese entonces secretario de Hacienda del gobierno de Felipe Calderón.

La marca Master Exchange fue registrada en abril de 2018 por la firma Consorcio Empresarial Century (CEC), cuyo director es Fabricio Ledesma, y tiene un perfil casi idéntico a las empresas de consultoría de su socio Gerardo José Rejón -el líder nacional de los empresarios priístas-, dedicadas a servicios financieros, contables y de administración de recursos humanos o subcontratación, el llamado “outsourcing”.

CEC fue creada el 31 de agosto de 2015 y los socios fundadores son vecinos de colonias populares de Cancún.

El comisario de la empresa es un hombre de 50 años que trabaja como conductor en una combi de transporte público.

Corporativo Comercial Century, otra empresa vinculada, tiene como supuesto dueño a un hombre de 69 años de edad que aparece en el padrón de subsidios para las personas más pobres de Quintana Roo.

INFILTRÓ GOBIERNOS

La mafia rumana que encabeza Florian Tudor lavaba dinero por medio de contratos de obras y la prestación de bienes y servicios a los gobiernos municipales, estatales y dependencias federales en todo el país por medio de 11 empresas dedicadas a diversas actividades en apariencia lícitas.

Información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que al menos 11 empresas vinculadas a “El Tiburón” Florian Tudor habrían ganado licitaciones públicas en los estados de Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Nayarit, entre otras entidades.

Otra de las entidades en las que se buscó la participación de la mafia rumana fue el Banco de México y la Secretaría de Turismo federal, a la que se solicitó información relacionada sobre las empresas Top Life Servicios S. de R.L. de C.V.; D&D Events S. de R.L. de C.V.; Intaller S. de R.L. de C.V.; Intacarrent S.A. de C.V.; Brazil Money Exchange Centro Cambiario S.A. de C.V.; Inmobiliaria Investcun S.A. de C.V.; Mexrou Comercializadora S. de R.L. de C.V.; Alto Mundo Gym Technology S. de R.L.; Kep Gadgets S.A. de C.V.; RLU Services México S. de R.L. de C.V.; Seven Business S.R.L.; y Seven Residence SRL.

SE PLANEÓ TODO EN BUCAREST

De acuerdo con una investigación conjunta de la OCCRP -Organized Crime and Corruption Reporting Project-, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la organización Quinto Elemento Lab, el Buró de Investigación Federal de Estados Unidos (FBI) y la Dirección en Combate al Crimen Organizado (DCCO) de la Policía Federal de Rumanía habían invitado a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) a reunirse en Bucarest del 13 al 18 de mayo de 2019, para coordinar una investigación multinacional en torno a las actividades ilícitas de Florian Tudor, en particular la clonación de tarjetas.

El expediente de inteligencia cuenta con datos proporcionados por la DEA, que advirtió al gobierno mexicano que el inicio de operaciones de las células rumanas data del sexenio de Félix Arturo González Canto, gobernador constitucional de Quintana Roo entre 2005 y 2011, quien colaboró para el establecimiento de estos grupos criminales.

ORDEN DE APREHENSIÓN

Florian Tudor “El Tiburón”, presunto líder de la mafia rumana, contaba con una orden de aprehensión en Rumanía, la cual fue concedida por el tribunal de Bucarest por los delitos de instigación para el intento de asesinato, chantaje y la formación de un grupo delictivo.

Tras un largo proceso legal en Rumanía, la Dirección de Investigación contra Delincuencia Organizada y Terrorismo (DIICOT) de la Fiscalía rumana habían conseguido la orden de aprehensión en contra de Tudor, junto con su banda, dedicada a la presunta clonación de tarjetas bancarias en diversos destinos turísticos.

Florian Tudor siguió negando las acusaciones en su contra y recalcó que había una campaña de desprestigio proveniente directamente del gobierno de Quintana Roo. El presunto líder ha causado revuelo recientemente pues se reunió con la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Ícela Rodríguez, por las órdenes directas de Andrés Manuel López Obrador.

En aquella ocasión, Rodríguez le había conseguido a Tudor una cita con la UIF; sin embargo, él no asistió.

DETENCIÓN

El pasado jueves 27 de mayo, el rumano fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República. Anteriormente, la Fiscalía de Rumanía había conseguido la orden de aprehensión en contra de Tudor, asentado en Quintana Roo, junto con una banda que se dedicaba a la presunta clonación de tarjetas bancarias.

De esta manera, de nueva cuenta la justicia del país vuelve a dar la razón a Grupo Sol Corporativo en sus investigaciones, esto al ratificar las afirmaciones hechas por estos medios informativos a través de investigaciones especiales.

SIN FECHA DE EXTRADICIÓN

El proceso de extradición de Tudor, quien es presunto líder de la mafia rumana, será muy rápido; Ebrard dejó en claro que el proceso está en manos de la Fiscalía General de la República.

En una muy breve intervención y respuesta del Secretario de Relaciones Exteriores, explicó que en estos momentos está limitado a acompañar el trabajo de la Fiscalía General.

«Respecto a la extradición (a Florian Tudor), estamos apoyando, tenemos que apoyar a la Fiscalía General de la República, dependemos de los movimientos con la FGR, acompañar el proceso que sería muy rápido», explicó.

Titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera señalaron que la extradición de Tudor sería efectiva, desde el día 27 de mayo de 2021, día de su captura. La detención derivó de una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue otorgada por un juez federal. En su país, un tribunal ordenó su detención en marzo.

ACCIONES LEGALES

El líder de la mafia rumana Florian Tudor, quien se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, fue investigado por el Instituto Nacional de Migración, quien detectó que el empresario rumano no tiene sus papeles migratorios en orden para residir en México.

En virtud de lo anterior las autoridades mexicanas, buscan deportarlo a Rumania donde las autoridades lo buscan por delitos como asesinato, chantaje y formar un grupo delictivo.

Tudor, ha conseguido mediante un nuevo amparo, una suspensión por parte de un juez: esto se realizó con la finalidad de evitar ser víctima de actos prohibidos por la constitución.

Dicha suspensión blinda a Tudor de ser incomunicado, deportado, expulsado y/o extraditado.

“Se concede a Florian Tudor, la suspensión de plano respecto de los actos consistentes en la incomunicación, deportación, expulsión en calidad de extranjero y/o extradición, así como por cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables de manera inmediata no se ejecuten, los hagan cesar o, en su caso, se abstengan de llevarlos a cabo; por lo que para su debido cumplimiento, las autoridades responsables, bajo su más estricta responsabilidad, de inmediato deberán abstenerse de llevar a cabo los citados actos contra el impetrante”, ha mencionado el juez Antonio González García.

El juez Décimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México le concedió una suspensión de plano para evitar su entrega a las autoridades rumanas.

Hasta ahora se han contabilizado dos amparos tramitados por Tudor para evitar ser extraditado; desde su detención ha sido requerido para iniciar con el procedimiento.